La comisión de abusos toma nuevas medidas

El jesuita Hans Zollner abandonó con un sonado portazo la Comisión Pontificia para la Protección de Menores creada por el Papa en 2014 e incluyó reproches a su transparencia y la denuncia de no pocos «obstáculos». La gota que colmó el vaso fue su supeditación al Dicasterio para la Doctrina de la Fe con la nueva constitución apostólica Praedicate Evangelium. Un movimiento que, según el religioso alemán, mina su independencia al no existir una regulación clara que limite espacios y estructure la relación entre estos dos organismos en los que actualmente hay dos cabezas visibles: el arzobispo de Boston, el cardenal Sean O’Malley, y el cardenal español Luis Francisco Ladaria. «No está claro el papel de cada uno. Entiendo que hay muchas cosas nuevas. Pero si uno no sabe de qué es responsable, si no tiene claro los límites de su trabajo y de lo que debe tratar o a quién deber dirigirse por encima de él y bajo qué criterios, se crea confusión. Y eso genera dificultades, no solo en la labor de cumplimiento (compliance), sino en la transparencia», apuntó en una conferencia de prensa poco después de su renuncia. La responsable de la página web bishopaccountability.org, Anne Barret Doyle, que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, se suma a estas reprobaciones. «Si la comisión va a estar subordinada a uno de los departamentos a los que debería responsabilizar, la posibilidad de aplicar la principal ley de responsabilidad del Papa queda en entredicho», remacha.

Sin embargo, para el experto en derecho canónico Davide Cito, de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, esa supuesta falta de independencia no está del todo clara: «Tienen sedes y cardenales responsables diferentes. Los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores están directamente designados por el Papa durante cinco años y cuentan con sus propias normas».

Las funciones de cada organismo también están claras, al menos en el papel. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe es el aparato judicial que se encarga de resolver las denuncias y aplicar las penas. Mientras que la comisión para la protección de los menores se ocupa de la prevención en colaboración con las diócesis. «Está bien que haya organismos diferentes, porque si hay uno que lo hace todo la imparcialidad puede estar comprometida», incide Cito.

En 2019 entró en vigor Vos estis lux mundi, que obliga a todas las diócesis del mundo a contar con una oficina de escucha para las víctimas y ordena a todos los sacerdotes y religiosos que denuncien cualquier indicio verosímil de un posible caso de abuso sexual. Su implementación depende ahora directamente del organismo que preside O’Malley, lo que también se ha visto como un agujero negro. «No cuentan con los recursos y las competencias necesarias para cumplir esta tarea en la Iglesia universal», resalta Barrett Doyle.

Para evitar defectos de forma, el Papa les ha pedido un informe anual con los puntos críticos que deberán ser resueltos de año en año. Francisco sabe bien que la batalla contra los abusos sexuales en la Iglesia se juega a varias velocidades. Cerca de la meta están las conferencias episcopales con más recursos, como la de Estados Unidos o la de Australia; a la cola, las de los países de renta más baja. Por eso ha creado un fondo para ayudar a las víctimas en el seno eclesial en aquellos países con las diócesis más pobres, que si bien no está claro cómo se financiará, estará gestionado por la comisión vaticana.

El próximo 31 de mayo el organismo de la Santa Sede publicará una actualización de las directrices enviadas hace un año a los obispos de todo el mundo con las estrategias de prevención y asistencia a las víctimas. Además, se dotará de un sistema de verificación para controlar que los obispos cumplan con sus obligaciones y que las denuncias no se queden nunca más guardadas bajo llave.

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