El obispo Shaw: “Justicia para Asia Bibi”

A veces «la idea supera a la realidad», se podría decir, invirtiendo uno de los principios de la “Evangelii gaudium”, y la materia fáctica de un caso judicial es arrollada por la fuerza del símbolo. Solo de esta manera se puede comprender la dramática historia de Asia Bibi, la mujer cristiana de 45 años que fue condenada a muerte por blasfemia en Paquistán, encerrada a pesar de su inocencia en una cárcel paquistaní desde 2009.

En un caso legal que lleva ocho años, Sebastian Shaw, arzobispo católico de Lahore, ofreció a Vatican Insider su interpretación: «La historia de Asia Bibi se convirtió en una cuestión simbólica, que va más allá de la realidad de los hechos del caso. Un caso mucho más grande que una pobre campesina del Punjab, que se ha convertido en celebridad mundial», explicó. Ha atraído a especuladores de todo tipo: «Muchas organizaciones se han interesado en la historia, pero según su enfoque y un interés político o económico. Son fuertes las presiones políticas y de los grupos religiosos. En una situación tan compleja, para los jueces se ha vuelto muy difícil juzgar con serenidad», indicó.

«Muchos fieles están rezando por su salvación, mientras los radicales islámicos invocan la muerte de la mujer. Nosotros pedimos solo justicia: sabemos que es inocente. Personas como Shahbaz Bhatti y Salman Taseer murieron por defenderla. Demasiada sangre inocente ha sido derramada», observó Shaw. La mujer cristiana está esperando el veredicto definitivo de la Suprema Corte. Según algunas fuentes, la audiencia ante el tribunal podría ser a finales de marzo, pero los abogados de la mujer, consultados por Vatican Insider, no confirmaron los rumores y dijeron que están esperando «la comunicación de la cancillería».

El caso de Asia es paradigmático, mientras paquistán se ha convertido también en un asunto de actualidad con la cuestión sobre la controvertida ley sobre la blasfemia: «Nuestro objetivo, compartido por organizaciones de la sociedad civil y por muchos líderes religiosos musulmanes, es evitar afectar a inocentes, de todas las religiones. Por esto, desde hace tiempo pedimos al gobierno que adopte medidas para impedir el abuso de la ley de la blasfemia», refirió Shaw. «Esperemos que todas las fuerzas del país –prosiguió– se unan para este objetivo. Sería una victoria para todos».

La llamada «ley negra» se encuentra en las comas “b” y “c” del artículo 295 del Código penal, que fueron introducidas en 1986 para castigar con la pena capital o la cadena perpetua el vilipendio de El Corán o el Profeta Mahoma. Es un instrumento legislativo al que han recurrido injustamente para resolver controversias de carácter privado (se calcula que suceda en el 80% de los casos) y se ha convertido en una “Espada de Damocles” sobre las miniorías religiosas, a menudo víctimas de este mecanismo injusto.

El senador musulmán Farhatullah Babar, representante de la Comisión para los derechos humanos del senado, introdujo oficialmente en el Parlamento de Paquistán el tema de la búsqueda de soluciones para detener el abuso de la ley. Diferentes voces de líderes políticos y religiosos se han elevado a favor de cambios en los procedimientos, pero, por otra parte, no faltan grupos radicales para los cuales sería intocable. El debate también ha surgido a nivel ejecutivo: si el Primer ministro Nawaz Sharif se pronunció recientemente para pedir el respeto de los derechos de las minorías religiosas, el Ministro de asuntos religiosos Sardar Muhammad Yousuf negó que el gobierno vaya a introducir o promover cambios a la normativa, mientras según el Ministro del Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, «es incorrecto decir que las minorías religiosas son las más afectadas por el abuso de la ley de blasfemia».

Según los datos, efectivamente, los ciudadanos musulmanes representan el 70% de los imputados por blasfemia. Pero hay que decir que en un país de enorme mayoría musulmana (95% de la población) los cristianos (solo el 1,5%) constituyen el 26% de las víctimas de blasfemia, con una incidencia proporcionalmente mucho mayor. Lo que olvida el ministro es la práctica del «castigo colectivo» en enteros barrios cristianos, en ataques promovidos como directa consecuencia de presuntas acusaciones de blasfemia contra un solo cristiano. Muchos de estos casos han quedado como ejemplos históricos de la impunidad que garantiza el sistema judicial.

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